Por Bruno Cortés
Cada vez es más común pedir un crédito desde el celular, abrir una cuenta bancaria con unos cuantos clics o contratar un seguro sin pisar una sucursal. La tecnología ha simplificado muchas operaciones financieras en México, pero también abrió la puerta a nuevas formas de manipulación digital que, aunque parecen invisibles, pueden afectar directamente el bolsillo de millones de personas.
Por eso, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa para regular los llamados “dark patterns”, conocidos en español como patrones engañosos en plataformas digitales financieras.
La propuesta parte de una idea sencilla: muchas aplicaciones y páginas de servicios financieros están diseñadas para empujar a las personas a aceptar condiciones que quizá no entienden completamente. A veces los botones para cancelar un servicio están escondidos, los costos reales aparecen en letras pequeñas o las opciones más convenientes para el usuario son difíciles de encontrar. Todo eso, según la iniciativa, también puede considerarse una forma de abuso.
Monreal plantea incorporar por primera vez en la legislación mexicana conceptos como “interfaz digital” y “prácticas engañosas en el entorno digital”. En palabras simples, esto significa reconocer que no solo importa lo que dicen los contratos, sino también la manera en que las aplicaciones o plataformas llevan a las personas a tomar decisiones.
La propuesta no busca detener la digitalización bancaria ni el crecimiento de las fintech, que son empresas financieras tecnológicas. De hecho, Morena sostiene que la innovación digital seguirá avanzando, pero con reglas más claras para evitar engaños silenciosos que terminan afectando a consumidores poco familiarizados con términos financieros complejos.
El contexto no es menor. Según datos citados por el propio legislador, aunque más del 76 por ciento de los adultos en México ya tiene acceso a algún producto financiero formal, apenas una minoría asegura leer completamente los contratos antes de aceptarlos. En el entorno digital, donde muchas veces todo se reduce a presionar “aceptar”, el riesgo aumenta todavía más.
Tan solo en 2022 se registraron más de 554 mil reclamaciones relacionadas con cargos no reconocidos o productos no solicitados. Esa cifra refleja un problema que lleva años creciendo y que ahora el Congreso busca atender desde la regulación tecnológica y financiera.
La iniciativa presentada ante la Comisión Permanente propone modificar diversas leyes financieras para darle más facultades a la CONDUSEF, organismo encargado de defender a los usuarios de servicios financieros. La intención es que esta institución no solo revise contratos, sino también cómo están diseñadas las plataformas digitales donde se firman o aceptan esos servicios.
En términos prácticos, si una aplicación oculta información importante, dificulta cancelar una suscripción o induce al usuario a contratar algo que realmente no quería, podría considerarse una práctica ilegal aun cuando la información técnicamente estuviera disponible.
El debate también tiene implicaciones económicas importantes. Un sistema financiero digital más transparente puede aumentar la confianza de las personas para usar herramientas bancarias, reducir fraudes y evitar sobreendeudamiento provocado por decisiones tomadas bajo presión o confusión.
Además, México busca alinearse con regulaciones internacionales que ya existen en países europeos y otras economías avanzadas, donde las autoridades comenzaron a vigilar cómo las plataformas digitales influyen en las decisiones de consumo de las personas.
Para Ricardo Monreal, el objetivo es encontrar equilibrio entre innovación tecnológica y protección de derechos. En otras palabras, permitir que la tecnología siga facilitando la vida financiera de la gente, pero sin dejar que el diseño digital se convierta en una herramienta para manipular usuarios o esconder riesgos.
